Juan José Mendoza Alvarado
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En mi colaboración anterior realicé un esfuerzo tendiente a esclarecer los montos contables de endeudamiento público en Nayarit los cuales sumarian entre deuda pública y obligaciones financieras un total de 2,476.8 millones de pesos incluyendo los 200 millones de pesos aprobados el pasado 18 de junio. El tema no es menor dada la complejidad propia de los registros contables y las discrepancias metodológicas en el registro de las obligaciones financieras entre el orden estatal y federal. Queda claro pues, que en el análisis de la historia inmediata de la deuda pública de Nayarit es necesario ir más allá de la visión contable de las Finanzas Públicas, es necesario avanzar hacia un análisis de tipo económico y financiero hasta donde la información disponible nos lo permita.
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En esta perspectiva, lo primero que hay que decir es que no es posible establecer comparaciones entre sexenios gubernamentales con base en los saldos nominales acumulados año tras año a lo largo del tiempo en virtud del efecto inflacionario y las variaciones propias en el tamaño de la economía. Quienes lo hagan de esa manera, incurrirán en lo que los economistas denominamos “ilusión monetaria”, misma que conducirá a conclusiones equivocadas. También hay que decir, que tampoco es posible encontrar un deflactor adecuado que nos permita construir un indicador en términos reales de los stocks de deuda pública a través del tiempo. En su lugar, lo que se acostumbra hacer, es construir indicadores relativos que expresan el valor de la deuda pública en términos del tamaño de la economía (PIB estatal) o de los ingresos totales (IT) del gobierno estatal. En lo personal me parece más pertinente el segundo de ellos, es decir, resulta más adecuado expresar los montos de deuda pública (DP) como porcentaje de los ingresos públicos totales (IT): DP/IT para efectos de poder realizar algunas comparaciones. El detalle de este indicador es el que se observa en la gráfica que acompaña al presente escrito. Sobre la misma comentaré los siguientes hechos estilizados:
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Primero, 1994 es el año en que el gobierno del estado de Nayarit ha mantenido la relación deuda pública a ingresos totales más alta durante el periodo objeto de estudio (1993-2010), la cual fue de 22% y corresponde este año al sexenio de Rigoberto Ochoa Zaragoza. Ochoa Zaragoza recibió en 1993 un gobierno cuya deuda representaba el 12.84% de los ingresos públicos totales y la misma se disparó durante 1994 al 22%, representando para nuestro periodo de estudio el punto más alto. Durante este año se comprometieron el 50.6% de las participaciones federales como garantía de pago del monto total de la deuda. Esta condición de endeudamiento así como el hecho de enfrentar la crisis económico-financiero nacional de 1995 obligaron al gobierno de Rigoberto Ochoa durante sus primeros dos años a mostrar una actitud de prudencia y cautela con relación al siempre espinoso asunto de la deuda pública. Como si la condición de endeudamiento no fuese suficiente, el gobernador de extracción cetemista vio reducir sus ingresos públicos totales reales durante 1995 en – 6.25% situación que seguramente influyó en el gabinete económico para que la actitud de precaución en el gasto se mantuviera a lo largo de dicho sexenio hasta cerrarlo con un endeudamiento menor al 2% aún cuando los ingresos totales reales se recuperaron en el transcurso de los siguientes cuatro años: 1996, 197, 1998 y 1999. Pesó más seguramente algún criterio de carácter político relacionado con la inminente sucesión gubernamental de 1999 que las necesidades de infraestructura urbana y para el desarrollo que demandaba la economía y la sociedad nayarita. Se presentaba pues, el Gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza de origen priista, como un gobierno que dejaba una deuda de 87 millones de pesos, una deuda muy pequeña; se presumía con ello saber gobernar. Predominaba así, la visión contable de las finanzas públicas sobre la posibilidad de poseer una visión más compleja y comprometida con las necesidades de desarrollo económico y social de Nayarit para el mediano y el largo plazo. También expresaba la poca idea o nula influencia de las autoridades de desarrollo económico sobre el ejecutivo.
Primero, 1994 es el año en que el gobierno del estado de Nayarit ha mantenido la relación deuda pública a ingresos totales más alta durante el periodo objeto de estudio (1993-2010), la cual fue de 22% y corresponde este año al sexenio de Rigoberto Ochoa Zaragoza. Ochoa Zaragoza recibió en 1993 un gobierno cuya deuda representaba el 12.84% de los ingresos públicos totales y la misma se disparó durante 1994 al 22%, representando para nuestro periodo de estudio el punto más alto. Durante este año se comprometieron el 50.6% de las participaciones federales como garantía de pago del monto total de la deuda. Esta condición de endeudamiento así como el hecho de enfrentar la crisis económico-financiero nacional de 1995 obligaron al gobierno de Rigoberto Ochoa durante sus primeros dos años a mostrar una actitud de prudencia y cautela con relación al siempre espinoso asunto de la deuda pública. Como si la condición de endeudamiento no fuese suficiente, el gobernador de extracción cetemista vio reducir sus ingresos públicos totales reales durante 1995 en – 6.25% situación que seguramente influyó en el gabinete económico para que la actitud de precaución en el gasto se mantuviera a lo largo de dicho sexenio hasta cerrarlo con un endeudamiento menor al 2% aún cuando los ingresos totales reales se recuperaron en el transcurso de los siguientes cuatro años: 1996, 197, 1998 y 1999. Pesó más seguramente algún criterio de carácter político relacionado con la inminente sucesión gubernamental de 1999 que las necesidades de infraestructura urbana y para el desarrollo que demandaba la economía y la sociedad nayarita. Se presentaba pues, el Gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza de origen priista, como un gobierno que dejaba una deuda de 87 millones de pesos, una deuda muy pequeña; se presumía con ello saber gobernar. Predominaba así, la visión contable de las finanzas públicas sobre la posibilidad de poseer una visión más compleja y comprometida con las necesidades de desarrollo económico y social de Nayarit para el mediano y el largo plazo. También expresaba la poca idea o nula influencia de las autoridades de desarrollo económico sobre el ejecutivo.
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Segundo, el periodo que va del año 1999 al año 2005 corresponde al gobierno de Antonio Echevarría Domínguez. Este periodo se caracterizaría también por lo que he dominado la visión contable de las finanzas públicas: mesura y prudencia en la contratación de financiamiento, misma que actúa en consonancia con el pensamiento postulado por el Consenso de Washington el cual privilegia el equilibrio de las finanzas públicas sobre cualquier otra consideración. Con ello, se pretendía también mostrar a la sociedad nayarita que se sabía administrar aún cuando el rezago en infraestructura urbana y para el desarrollo económico fuese sumamente notable. Esta postura llevada al extremo la representa el gobierno Foxista, el cual incurrió incluso en superávit presupuestales en el contexto de un país con más de 40 millones de mexicanos en condiciones de pobreza.
Segundo, el periodo que va del año 1999 al año 2005 corresponde al gobierno de Antonio Echevarría Domínguez. Este periodo se caracterizaría también por lo que he dominado la visión contable de las finanzas públicas: mesura y prudencia en la contratación de financiamiento, misma que actúa en consonancia con el pensamiento postulado por el Consenso de Washington el cual privilegia el equilibrio de las finanzas públicas sobre cualquier otra consideración. Con ello, se pretendía también mostrar a la sociedad nayarita que se sabía administrar aún cuando el rezago en infraestructura urbana y para el desarrollo económico fuese sumamente notable. Esta postura llevada al extremo la representa el gobierno Foxista, el cual incurrió incluso en superávit presupuestales en el contexto de un país con más de 40 millones de mexicanos en condiciones de pobreza.
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Tercero, el periodo que va del año 2005 a 2010 corresponde al gobierno de Ney González Sánchez. Este se ha caracterizado por incrementar de manera constante y sostenida los montos absolutos y relativos de endeudamiento público hasta llevarlos a ser de 5.34% en 2006 a ser de 20% a mediados de 2010 como proporción de los ingresos públicos totales del gobierno del estado de Nayarit. No es casualidad que el 15 de diciembre de 2007 se haya modificado el Capítulo Tercero sobre “Contratación de Empréstitos y Créditos” de la Ley de Deuda Pública Estatal en su artículo 17 el cual establecía un tope de 15% del presupuesto de egresos anual autorizado como monto máximo de endeudamiento neto, para pasar a dejarlo conforme a la “capacidad de pago del Gobierno del Estado, según lo determine la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento”. El gobierno 2005-2011 a diferencia de sus antecesores dejará la deuda pública en niveles cercanos al 20% como proporción de los ingresos públicos totales. Esta cifra, a diferencia de lo que establecen las empresas calificadoras como Moody´s, Fitch y Estándard and Poors es considerada entre los estudiosos de las finanzas públicas de nuestro país como significativa y preocupante, además de que compromete la disponibilidad de recursos financieros de las generaciones y administraciones gubernamentales futuras.
Tercero, el periodo que va del año 2005 a 2010 corresponde al gobierno de Ney González Sánchez. Este se ha caracterizado por incrementar de manera constante y sostenida los montos absolutos y relativos de endeudamiento público hasta llevarlos a ser de 5.34% en 2006 a ser de 20% a mediados de 2010 como proporción de los ingresos públicos totales del gobierno del estado de Nayarit. No es casualidad que el 15 de diciembre de 2007 se haya modificado el Capítulo Tercero sobre “Contratación de Empréstitos y Créditos” de la Ley de Deuda Pública Estatal en su artículo 17 el cual establecía un tope de 15% del presupuesto de egresos anual autorizado como monto máximo de endeudamiento neto, para pasar a dejarlo conforme a la “capacidad de pago del Gobierno del Estado, según lo determine la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento”. El gobierno 2005-2011 a diferencia de sus antecesores dejará la deuda pública en niveles cercanos al 20% como proporción de los ingresos públicos totales. Esta cifra, a diferencia de lo que establecen las empresas calificadoras como Moody´s, Fitch y Estándard and Poors es considerada entre los estudiosos de las finanzas públicas de nuestro país como significativa y preocupante, además de que compromete la disponibilidad de recursos financieros de las generaciones y administraciones gubernamentales futuras.
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Finalmente, el gobierno 2005-2011 es un gobierno que ha decidido abandonar la política de equilibrio de las finanzas públicas para hacer un uso activo del gasto público en la construcción de infraestructura urbana e hidráulica principalmente y promotora del crecimiento económico. No obstante, hay que decirlo: existe toda una generación de nayaritas que crecimos viviendo el estigma de la deuda pública externa de nuestro país durante la década de los ochenta (la generación de la década perdida le llamó la CEPAL) y que sabemos lo delicado que es el tema. Muchos nayaritas demandan saber en qué se gastaron los más de 2 mil millones de pesos contratados por la actual administración y si realmente en lo que se gastó era lo más importante para apuntalar un proyecto de desarrollo económico y social en el corto y el mediano plazo. Muchos nayaritas –especialmente las élites políticas- desean saber, si lo que se construyó constituye el óptimo económico en términos de inversión social. En estos tiempos de modernidad democrática y transparencia, bien haría el gobierno de Ney González en preparar un informe especial sobre las obras construidas, los fondos federales accesados y ampliados gracias a la deuda pública de Nayarit. Si no, júrelo usted estimado lector, este será un tema que dará para hablar en la ya cercana sucesión gubernamental sobre el uso alternativo de los recursos públicos y sobre la mayor rentabilidad social de un proyecto sobre otro.
Finalmente, el gobierno 2005-2011 es un gobierno que ha decidido abandonar la política de equilibrio de las finanzas públicas para hacer un uso activo del gasto público en la construcción de infraestructura urbana e hidráulica principalmente y promotora del crecimiento económico. No obstante, hay que decirlo: existe toda una generación de nayaritas que crecimos viviendo el estigma de la deuda pública externa de nuestro país durante la década de los ochenta (la generación de la década perdida le llamó la CEPAL) y que sabemos lo delicado que es el tema. Muchos nayaritas demandan saber en qué se gastaron los más de 2 mil millones de pesos contratados por la actual administración y si realmente en lo que se gastó era lo más importante para apuntalar un proyecto de desarrollo económico y social en el corto y el mediano plazo. Muchos nayaritas –especialmente las élites políticas- desean saber, si lo que se construyó constituye el óptimo económico en términos de inversión social. En estos tiempos de modernidad democrática y transparencia, bien haría el gobierno de Ney González en preparar un informe especial sobre las obras construidas, los fondos federales accesados y ampliados gracias a la deuda pública de Nayarit. Si no, júrelo usted estimado lector, este será un tema que dará para hablar en la ya cercana sucesión gubernamental sobre el uso alternativo de los recursos públicos y sobre la mayor rentabilidad social de un proyecto sobre otro.
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