Juan José Mendoza Alvarado
Ricardo Lagos ha escrito una valiosa reflexión en torno a lo que él denomina "Los nuevos desafíos de América Latina". La centralidad de dicho escrito borda en torno a un problema toral existente desde hace décadas en América Latina: la desigual distribución del ingreso; peor incluso que la existente en Africa y que bien pudiera resumirse en las memorables palabras de Fernando Henrique Cardoso: "no somos el continente más pobre del mundo, pero somos el más desigual".
Más allá de los problemas metodológicos y conceptuales implícitos en dicho análisis (por ejemplo el uso del PIB superior a los 20,000 dólares como indicador clave para definir la frontera entre el mundo desarrollado del subdesarrollado, o el relativo a las diferentes formas de medir la pobreza), quiero recuperar en este espacio un argumento que me parece pertinente en la hora que viven México y muchos países de América Latina: el de la relación existente entre delincuencia y desigualdad del ingreso. Como se sabe, el sexenio del Presidente Felipe Calderón ronda la cifra de los 40,000 muertos en una guerra entre las fuerzas de seguridad nacional y la delincuencia organizada que amenaza con prolongarse por lo menos otros siete años más según palabras del Secretario de Seguridad Pública Nacional Genaro García Luna. En el ámbito local, Nayarit ha aportado su cuota a ese gran baño de sangre nacional de manera notable a partir de enero de 2010 año en que sumaron por lo menos 382 ejecuciones vinculadas a la guerra entre y contra la delincuencia organizada, además de los 146 muertos al mes de abril de 2011 para hacer un gran total de 528 asesinatos directamente vinculados a esta guerra sin cuartel durante los últimos 16 meses. Al fiel recuento de los muertos habría que agregar las miles de extorsiones y secuestros denunciados y sin denunciar existentes en todo el país que han configurado una situación de ingobernabilidad, de pérdida del control de territorios, de incapacidad para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y la seguridad pública de los ciudadanos.
En este contexto resulta común escuchar el argumento que atribuye la responsabilidad del incremento del consumo de drogas y de la delincuencia a la descomposición que de hace mucho se vive en el seno familiar; en esta perspectiva serían el descuido y la falta de información atribuible a los padres los responsables de la ola de violencia que ahora vive el país. El argumento es linealmente impecable: si cada padre de familia realiza marcaje personal a cada uno de sus hijos para que marchen por el buen camino luego entonces no habrá un solo soldado disponible para los ejércitos de la delincuencia. La realidad nos muestra que las familias enfrentan contextos de restricciones múltiples (pobreza de ingreso, pobreza de patrimonio, pobreza de capacidades -baja escolaridad y ausencia de capacidades laborales-, pobreza alimentaria, pobreza cultural etc.) que no logran superar y que conducen a la existencia de miles de hijos sin padres y sin beneficencia pública, de miles de hijos de madres solteras que trabajan y no tienen tiempo para atender a sus hijos, de miles de hijos de padres donde ambos trabajan y no tienen tiempo para atender a sus hijos, de miles de hijos donde los padres no trabajan pero que tampoco atienden a los hijos y un sin fin de situaciones que configuran la existencia de cientos de miles de jóvenes potencialmente reclutables para las filas de los ejércitos de la delincuencia.
Para Ricardo Lagos y para miles de estudiosos de los problemas económicos y sociales el argumento corre en un sentido diferente al anteriormente esbozado. En la perspectiva del ex-mandatario chileno "Los costos de la desigualdad son muy amplios y están debidamente acreditados por las estadísticas. Países más igualitarios del mundo desarrollado tienen menos homicidios por cada 10,000 habitantes que otros países más desiguales; países más igualitarios tienen un menor porcentaje de la población en prisiones, exhiben un menor consumo de drogas y, en general, tienen mayores oportunidades de vida que los países más desiguales". En esta perspectiva, la delincuencia y el incremento de la criminalidad están directamente relacionados con el problema de la desigualdad del ingreso y de las ya mencionadas múltiples restricciones de contexto que enfrentan las familias para poder procesar sus buenas intenciones. En esta perspectiva la delincuencia se explica por la falta de oportunidades laborales y de desarrollo para millones de mexicanos, por los bajos ingresos que perciben miles de empleados formales e informales, por la imposibilidad para millones de mexicanos de acceder a los beneficios propios de los sistemas públicos de salud y de educación, por la imposibilidad para millones de mexicanos de acceder al financiamiento del sistema financiero formal e informal, etc. En esta perspectiva el problema de la delincuencia no se solucionará incrementando el número de policías, de patrullas, de pistolas, de metralletas, de balas y de helicópteros, no; en esta perspectiva el problema tiene solución sólo si somos capaces de pensar un nuevo Pacto Fiscal, sólo si somos capaces de diseñar una política económica con un profundo sentido social y sólo si somos capaces de elevar la eficiencia del gasto público en una perspectiva redistributiva y de mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.
Cuando observo el olvido de una buena parte de los políticos mexicanos y nayaritas del argumento que ha tenido a bien recordarnos Ricardo Lagos me pregunto: ¿lo hacen por ignorancia? ¿por olvido? O es acaso que, reconociendo las profundidades que implica el adoptarlo como propio ¿han decidido renunciar al mismo para establecerse en una posición mucho más cómoda (aunque demagógica y miope), la cual implica por supuesto el reconocimiento de nuestra derrota…?
